Es el procedimiento por el cual la Administración (Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, etc.) retira los derechos de disfrute o explotación de un bien a un particular por motivos de utilidad pública o interés social, y da a cambio una indemnización.

Este tipo de procedimiento conlleva una serie de elementos que se deben cumplir obligatoriamente, y si no lo hacen, dan lugar a la nulidad del proceso:

• Declaración de utilidad pública o interés social.
• Justiprecio: indemnización que se paga al expropiado.
• Derecho de reversión: el expropiado tendrá derecho a la devolución del bien o el derecho si desaparece la causa de utilidad pública.